Ley de Reiterancia: la Legislatura aprobó una reforma para fortalecer la respuesta frente al delito

Se concretó este miércoles la sesión ordinaria N.º 11 de la Cámara de Diputados, en la que el Cuerpo aprobó la modificación de la Ley N.º 965-N, que establece el Código Procesal Penal del Chaco, incorporando la reiteración de la actividad delictiva como uno de los supuestos a considerar para disponer la prisión preventiva.

La modificación establece que, cuando existan elementos suficientes que vinculen a una persona con un delito doloso y esta registre otros procesos penales por hechos de similares características, dicha circunstancia podrá ser considerada para evaluar los riesgos de fuga o de entorpecimiento de la investigación.

Además, se incorpora la definición de reiterancia delictiva, señalando que la misma “constituirá una circunstancia objetiva que el fiscal y/o juez deberá valorar, conjuntamente con los restantes elementos del caso, para decidir sobre la procedencia de medidas de coerción y prisión preventiva.»

De esta manera, la norma amplía y precisa una herramienta que ya está contemplada en el Código Procesal Penal del Chaco, incorporando criterios más concretos para valorar la reiteración delictiva al momento de disponer medidas de coerción y prisión preventiva. El objetivo es brindar mayores herramientas frente a casos de personas que reiteran conductas delictivas y evitar la denominada “puerta giratoria”, sin equiparar la reiterancia con la reincidencia, que requiere una condena firme.

La postura de los diputados

Carlos Salom, uno de los autores del proyecto de Ley de Reiterancia, destacó que la iniciativa responde a una demanda de la ciudadanía y forma parte de una política de seguridad impulsada por el Gobierno provincial. “Hay que hacer un diagnóstico de por qué estamos donde estamos”, sostuvo, y remarcó que la modificación busca brindar herramientas al Poder Judicial para impedir la denominada “puerta giratoria”.

También destacó las medidas adoptadas para fortalecer la infraestructura policial y combatir el narcotráfico. “Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada”, afirmó.

El otro autor de la iniciativa, Edgardo Reguera, sostuvo que la modificación responde a un pedido de la sociedad y a una deuda pendiente en materia de seguridad. Señaló que la creación de un nuevo artículo permitirá establecer de manera autónoma la figura de la reiterancia delictiva y brindar herramientas más claras a los fiscales para determinar su aplicación.

Iván Gyoker afirmó: “No queremos ser relatores de la realidad y quejarnos de problemas que hoy tenemos la posibilidad, desde estas bancas, de solucionar”. Remarcó que “las medidas adoptadas por el gobernador Zdero,

en el marco del Plan de Seguridad provincial, forman parte de una estrategia integral; las medidas aisladas no resuelven los problemas, sí la planificación y la concatenación de acciones para construir una provincia donde se pueda vivir en paz y con seguridad”, cerró.

Su par, Nicolás Slimel, representante del bloque Justicialista, señaló: “Manifestamos nuestra voluntad de trabajar y mejorar el texto para alcanzar una herramienta concreta que sirva a la ciudadanía. Es importante darle a la Justicia mejores herramientas, pero una ley por sí sola no alcanza. La seguridad requiere una mirada integral, con personal policial capacitado y bien remunerado, fiscales con mayores recursos y políticas que atiendan también las dimensiones sociales y económicas. Acompañamos la iniciativa, entendiendo que es un paso necesario, pero que la realidad es mucho más compleja”.

Santiago Pérez Pons manifestó: “Más allá de los reclamos y discusiones políticas, me van a escuchar dando debate de lo que considero que está bien. Voté a favor porque más herramientas no le hacen daño a nadie y porque estamos dando mayores instrumentos a la Justicia”.

Por su parte, María Pía Chiacchio Cavana sostuvo que el debate sobre la Ley de Reiterancia responde a una problemática concreta de inseguridad que atraviesa la provincia, pero advirtió que la norma, por sí sola, no resolverá la denominada “puerta giratoria”. Fundamentó: “Lo que espera el vecino no es que la Legislatura vuelva a reescribir la palabra reiterancia, sino que el Estado funcione”. Planteó la necesidad de fortalecer las políticas de prevención, la investigación criminal y las fiscalías, y aclaró que decidió acompañar la herramienta propuesta por el Gobierno, sumando la necesidad de una reforma integral del sistema para garantizar respuestas rápidas y efectivas ante el delito.

Jorge Gómez sostuvo: “En las provincias donde se aplica esta práctica judicial son más ágiles las tramitaciones. Esta norma no afecta la constitucionalidad, porque ningún derecho es absoluto. Le otorga una herramienta al juez y al fiscal para poder fundamentar una prisión preventiva. Los resultados van a ser vistos en tanto y en cuanto el Poder Judicial aplique la ley”.

Maida With aclaró que el artículo 289 establece que la reiteración delictiva “se puede tener en cuenta”, mientras que la modificación sancionada plantea que sea un elemento que el fiscal deba considerar, marcando que “no es lo mismo poder que deber”. En este sentido, sostuvo que se legisló una herramienta clara para terminar con la denominada “puerta giratoria” y responder a una preocupación concreta de los vecinos: que quien fue víctima de un robo no vuelva a encontrarse con el mismo delincuente pocos días después.

Rodolfo Schwartz argumentó su abstención a la iniciativa: “Es verdad que hay un problema de inseguridad, porque no se sabe si se va a comer al otro día. Si quieren cambiar en serio, hay que cambiar la estructura. Tiene que haber un área social para ver por qué ocurren los hechos; estamos empezando por el último eslabón. Se pretende violar la Constitución Nacional si se detiene a una persona sin haber comprobado su culpabilidad. Me voy a abstener de votar esta propuesta”.

Analía Flores planteó la necesidad de abordar el debate desde una mirada integral y advirtió que la modificación, por sí sola, no resolverá la demanda de mayor seguridad. “Una imputación no equivale a una condena”, sostuvo, y expresó su preocupación por la sobrepoblación y el hacinamiento en comisarías, al señalar que la Policía no tiene como función ni formación específica alojar personas privadas de su libertad. También cuestionó que la iniciativa se sustente principalmente en argumentos políticos y no jurídicos, y reclamó mayor responsabilidad al legislar sobre una problemática que involucra variables sociales, educativas y de seguridad. Finalmente, Flores anunció su abstención en la votación.

Tere Cubells cuestionó que el debate haya llegado al Recinto sin consenso entre los seis proyectos presentados, sin datos concretos ni la participación de distintos sectores. Consideró que se trata de un “parche legal” y planteó si la modificación realmente mejorará la seguridad o simplemente incrementará la cantidad de personas privadas de su libertad. En este sentido, solicitó que el proyecto vuelva a comisión para avanzar en un debate más profundo.