Nación: Investigación en AFIP por «grupos de tareas» descubiertos durante juicio oral
Existía una suerte de grupo ad hoc dentro de la AFIP para investigar a personas y empresas, durante las gestiones de Alberto Abad y Leandro Cuccioli. Los detalles surgieron en el debate oral por la causa Oil Combustibles.
La actual gestión de la AFIP que conduce Mercedes Marcó del Pont inició una investigación interna ante el cúmulo de irregularidades detectadas en procesos judiciales respecto del funcionamiento interno del organismo recaudador en relación a investigaciones penales. Así fue que tanto en el juicio oral por la causa Oil Combustibles como en varios documentos secretos revelados por Ámbito, surgió que existía una suerte de «grupo de tareas» específico dentro de AFIP, durante las gestiones de Alberto Abad y Leandro Cuccioli, que tenían delegadas tareas investigativas por cercanía con el juez federal Claudio Bonadio y que afectó, en especial, a la causa «cuadernos». Fue el propio exdirector de Fiscalizaciones Jorge Schiaffini el que declaró bajo juramento la existencia de un grupo especial que tenía asignado el monitoreo y preparación de respuestas judiciales respecto de la petrolera y todo el Grupo Indalo.
A esa afirmación, que disparó una investigación penal, donde el funcionario de AFIP incluso fue allanado en marzo pasado para requisar correos electrónicos que daban cuenta de estos movimientos que no están permitidos en la normativa interna de funcionamiento del organismo recaudador, le siguió la aparición de una serie de documentos del caso «cuadernos» que daban cuenta de la relación de proximidad entre Bonadio -que era el juez instructor- y el exsubdirector de Operaciones Impositivas del Interior Jaime Mecikovsky. Lo irregular es que pocos meses antes de solicitar formalmente asignarlo a la investigación de datos bajo secreto fiscal de empresarios de la obra pública, había sido el juez que lo sobreseyó de forma exprés por sospechas de dilatación de datos sensibles. Fechado –como recibido y firmado– el 19 de octubre de 2018, Bonadio le escribió a Cuccioli solicitándole la reincorporación de Mecikovsky a raíz de «numerosas solicitudes de colaboración así como requerimientos de información a la Administración a su cargo, los que fueron debidamente canalizados y respondidos con la intervención del contador Jaime Leonardo Mecikovsky«. De esta manera, el propio juez reconoció que había direccionado pedidos de información, algo prohibido por las normas de procedimiento internas de AFIP que tienen áreas descentralizadas para evitar que pueda montarse un grupo ad hoc específico para investigar a personas o empresas.
Pero, además, fue el propio Mecikovsky el que blanqueó su nexo con otro funcionario judicial: el fiscal Gerardo Pollicita, que llevó adelante la causa Oil Combustibles. En una demanda laboral contra AFIP admitió que estuvo asignado como «auxiliar» en la fiscalía de Pollicita y en el juzgado de Bonadio. Las fechas coinciden con los oficios y con los datos bajo secreto fiscal que obtuvo Bonadio por canales irregulares. Excusándose por motivos de amistad, Pollicita nunca aparece en nexo directo con Mecikovsky pero hay una «felicitación» de su fiscalía a la labor que desempeñó desde AFIP. La cuestión se entrelaza con lo relatado por Schiaffini en el juicio oral, que en momentos pareció un testigo reticente hasta que admitió un «grupo de control» respecto a Oil, pero reveló que podría incluso haber contado con nexos externos al manejo secreto de información y dejó abierta la puerta para que sectores ligados a la Mesa Judicial hubieran tenido contacto con el monitoreo del caso. La jueza María Servini secuestró del domicilio de Schiaffini unos 170 mil correos que serán analizados. El funcionario, que fue desplazado, sostuvo que los intercambios eran virtuales para evitar reunirse.
Los elementos secuestrados de las computadoras personales y los servidores de AFIP buscarán analizar cuáles de esos correos se intercambiaron y quiénes fueron los participantes de esa «cadena» donde intervenían directivos jerárquicos del organismo dando instrucciones jurídicas respecto al caso Oil. Esa cuestión es absolutamente irregular en la estructura de AFIP porque no existió normativa que habilitase el seguimiento particular de un contribuyente.
Schiaffini, arrinconado durante el juicio, se había ofrecido a aportar ante el TOF 3 el listado de correos si se lo requería. Fue cuando a múltiples preguntas iba agregando nombres a cuenta gotas y dijo no recordar quiénes más podrían estar involucrados. Finalmente fue la causa impulsada por el fiscal Guillermo Marijuan y Servini la que también decidió adoptar medidas para tener en su poder esas pruebas. Marcó del Pont puso la lupa en «divisiones» que actuaban al margen de los procedimientos del área Jurídicos, que es la asignada a responder y tener nexo con las autoridades judiciales ante requerimientos de causas en curso. No existen antecedentes en la AFIP para la conformación de comisiones específicas que investiguen causas penales determinadas. Ni que esos nexos alcanzaran a jueces y fiscales en Comodoro Py para obtener un canal alternativo de datos bajo secreto fiscal que nutrieron expedientes, específicamente el caso «cuadernos», cuyas sospechas en la instrucción se remontan a la inexistencia de los escritos originales que fueron, en una primera versión, incendiados, pero luego «aparecieron» sin llegar a ser peritados hasta el momento.
Fuente: Ámbito
