NACIÓN: En plenario de comisiones, el Senado abrió el debate por la interrupción voluntaria del embarazo

Un plenario de comisiones del Senado abrió esta tarde el debate sobre el proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo con la exposición de dos ministros y una funcionaria del Gobierno nacional. El dictamen podría emitirse el próximo jueves, luego de escuchar a entre 40 y 50 expositores entre mañana y el miércoles.

En su intervención ante los senadores, el ministro de Salud, Ginés González García, calificó como «extraordinario» al proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados, aseguró que se tuvo en cuenta «la experiencia mundial» y ratificó que la iniciativa «no es en contra de nadie, sino a favor de un grupo social que está sufriendo en la Argentina».
“Es un proyecto extraordinario porque baja la mortalidad materna, la morbilidad materna y aumenta la vida de las mujeres”, remarcó el funcionario al exponer ante un plenario de comisiones de la Cámara de Senadores.
Durante su breve intervención, el ministro detalló que «en una estimación aproximada» se practican alrededor de «mil abortos por día en la Argentina y cien internaciones en hospitales públicos» por prácticas que terminan mal. «Si bien ese número viene disminuyendo por todos los programas que vienen implementándose en la Argentina, el tema sigue pasando», reconoció González García.
 
Propuesta

(Foto: Senado Argentina)
 
 
En el inicio del plenario por videoconferencia, el senador del Frente de Todos, Dalmacio Mera, formuló un planteo en contra del giro a comisiones dispuesto por la Presidencia del Senado y reclamó incluir a la comisión de Asuntos Constitucionales en el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
La propuesta generó intercambios de opiniones entre senadores del oficialismo y de la oposición en torno a la decisión de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para que sea la Banca de la Mujer, conducida por Norma Durango, la conductora del debate, junto a Justicia y Asuntos Penales y Salud.
Mera, quien se manifestó en contra del aborto, consideró que el giro «es equivocado y una forma simbólica de desresponsabilizar al varón en una situación tan delicada», y señaló que la Banca de la Mujer está integrada solo por mujeres, por lo que pidió que se revea el giro dispuesto.
La propuesta de Mera fue rechazada incluso por la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnún, pero fue acompañada por el presidente de la comisión de Salud, el radical de Cambiemos Mario Fiad, quien condujo el debate en comisiones en 2018.
La presidenta de la Banca de la Mujer, Durango, abrió a las 14.05 el plenario que comenzó a analizar el expediente venido en revisión de la Cámara baja, dijo que espera «un debate respetuoso con los argumentos de una u otra posición» y pidió «aportar al diálogo y al intercambio para un enriquecedor debate».
Durango adelantó que planea emitir dictamen el próximo jueves, luego de escuchar a entre 40 y 50 expositores entre mañana y el miércoles, en jornadas que serán divididas entre las 10 y las 13 y las 15 y las 18 horas de cada día.
 
Ibarra: “Un freno a muertes evitables”
 
La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, declaró que el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo por sí solo «no alcanza», pero ratificó que lo que se busca es poner un freno a «las muertes evitables y abordar el problema de salud pública» que acarrean los abortos clandestinos.
Ibarra dijo ante un plenario de comisiones del Senado, en el inicio del debate, que la penalización del aborto que rige hasta la actualidad «no dio resultados» y reiteró que una educación sexual integral «debe ser una política de Estado».
«No queremos que ninguna mujer que curse un proceso de maternidad piense en una situación de aborto por dificultades, queremos que el Estado este allí», expresó la funcionaria y recordó que el proyecto del IVE fue una promesa de campaña del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Ibarra planteó: «Tenemos que hacernos cargo como sociedad y desde el Estado del gravísimo problema que afecta a las mujeres, es un problema de salud pública».
«Sabemos que este proyecto solo no alcanza. Sabemos que lo que se necesita para disminuir la cantidad de abortos es un reforzamiento muy amplio de la educación sexual integral y de prevención de violencias y abusos», insistió.
La funcionaria participó de la redacción de la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, junto a otra que apunta a proteger a las mujeres embarazadas y a los primeros años de la infancia.
Ibarra exhortó a tener «una mirada de justicia social” y a considerar que hay mujeres que «pueden costear (un aborto) y acuden a excelentes profesionales en condiciones seguras», pero otras, sin recursos, son las que corren los «riesgos» cuando interrumpen un embarazo.
«Esto sucede en Argentina y queremos estar allí acompañando a las mujeres», expresó Ibarra, y sostuvo que si el proyecto se aprueba «no se violenta las creencias de nadie ni las ideas de nadie».
«Sin embargo, algo habrá cambiado: vamos a tener menos infecciones, menos perforaciones intrauterinas menos sufrimiento de mujeres, menos muertes evitables y nuestro objetivo es que haya menos embarazos no intencionales y abortos”, concluyó.
 
Gómez Alcorta: respuesta concreta a un problema de salud
 
La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, declaró esta tarde que el Estado «no puede seguir mirando para otro lado» ante las muertes provocadas por abortos clandestinos en el país y defendió el proyecto del Poder Ejecutivo, que prevé legalizar la interrupción voluntaria del embarazo.
La funcionaria aseveró que el Gobierno tiene «una responsabilidad histórica para asegurar que en nuestro país ninguna mujer más muera por causa de un aborto clandestino».
«Estamos convencidos de que este proyecto viene a dar respuesta concreta a un problema de salud concreto y lo que no podemos seguir haciendo es mirar para otro lado», expresó ante los senadores de las comisiones de la Banca de la Mujer, de Salud y de Justicia y Asuntos Penales del Senado.
La ministra aseguró que hay «sobradas evidencias que la legalización (del aborto) disminuye la mortalidad materna y abortos» y subrayó que «la legalización demuestra que existe un círculo virtuoso por el mayor acceso a la información y a la anticoncepción».
Gómez Alcorta también aclaró que habilitar la práctica de la interrupción de los embarazos «no implica una saturación para el sistema de salud» sino que, por el contrario, «implica un ahorro».
«Tenemos una responsabilidad histórica que es asegurar que en nuestro país nunca más una mujer muera por causa de un aborto clandestino», añadió.