MISIÓN NUEVA POMPEYA: “LOS DERECHOS HUMANOS ESTÁN SIENDO GARANTIZADOS POR LOS ORGANISMOS DE LA PROVINCIA”, SEÑALÓ SILVANA PÉREZ

La secretaria de Derechos Humanos y Géneros de la provincia brindó detalles de las acciones del Gobierno provincial para promover el acceso a la justicia y garantizar los derechos humanos tras los disturbios ocurridos en la localidad.

“Los Derechos Humanos están siendo garantizados por los organismos de la provincia, y vamos a trabajar arduamente por el acceso a la justicia y el derecho a la verdad”, expresó este lunes la secretaria de Derechos Humanos y Géneros de la provincia, Silvana Pérez, al referirse a la situación de la localidad de Misión Nueva Pompeya tras los disturbios ocurridos el pasado sábado y domingo en la localidad.

“Nos constituimos en el territorio por pedido de las comunidades indígenas para escuchar sus demandas, y en particular de la familia”, contextualizó Pérez, al referirse al caso de Salustiano Giménez, cuya carátula es “Desaparición de persona por supuesto homicidio”. Y explicó que “luego de revisar el expediente, la Secretaría se constituyó como querellante para el resguardo de los pueblos indígenas y de sus derechos”.

El objetivo de las acciones del Gobierno provincial en territorio es llegar a una forma de convivencia que permita la tranquilidad, la continuidad de la búsqueda, y la garantía de acceso a la justicia de la comunidad wichí en la causa de Salustiano.
La funcionaria, que integró la comitiva de autoridades que viajó el domingo a la localidad, remarcó: “Queremos llevar tranquilidad al decir que tanto la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, como el Comité contra la Tortura y la Defensoría del Pueblo estuvimos no solo en el accionar jurídico, sino que también estamos en el territorio. Por esto, podemos dar cuenta que no existen tales vulneraciones de Derechos Humanos, que han circulado de manera maliciosa en distintos medios de comunicación”, expresó.
Con respecto a los reclamos de las comunidades, Pérez señaló: “Creemos que debe haber acceso a la justicia y escuchar las necesidades de cada uno de los sectores, y estamos trabajando para llegar a los consensos sociales necesarios”.

Puntualmente, se solicitó de manera inmediata a través de un Hábeas corpus, la posibilidad de que el Superior Tribunal informe la situación de los detenidos, “para cuidar las garantías procesales y de esa manera llevar información fehaciente a la ciudadanía”, detalló Pérez. Y agregó que se ha designado un abogado defensor para los integrantes de la comunidad indígena que están detenidos, “tal como lo plantea la constitución”.
De manera simultánea, el Gobierno provincial ordenó el refuerzo del Sistema de Búsqueda de Personas, con canes, drones y agentes calificados, para dar con el paradero de Salustiano Giménez, y se solicitaron pruebas que dieron por resultado la imputación de una persona por supuesto homicidio.

Informaciones falsas: “Dañan mucho a la comunidad y a las familias”
Durante la conferencia, Silvana Pérez hizo hincapié en el derecho a la verdad y en el cuidado responsable de las informaciones, ya que “durante todo este tiempo hubo una circulación de noticias y datos falsos que dañan mucho a la comunidad, sobre todo a las familias, acerca de lo que viene sucediendo, que no hacen más que agrandar el conflicto y el desconcierto, como la viralización de una fotografía de una persona fallecida que no correspondía al caso y era de Salta”.

Desde el inicio de los disturbios, el Gobierno provincial desplegó un dispositivo de seguridad con apoyo de Gendarmería nacional que permitió restaurar el orden y buscar el camino del diálogo, que dejó un saldo de 40 heridos y la destrucción de diversos edificios públicos. Además, se movilizaron a la localidad equipos técnicos de Salud, de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, de la Defensoría del Pueblo y diez comandos del Cuerpo de Operaciones Especiales (COE) de la Policía del Chaco.

Además, una comitiva encabezada por la vicegobernadora, Analía Rach Quiroga, la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar, jefe de la Policía del Chaco, Ariel Acuña, la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Perez, y el defensor del Pueblo, Bernardo Voloj, entre otras autoridades, viajaron el domingo a la localidad para atender personalmente la situación y buscar un camino de diálogo que permita el cese de la violencia.

Es así que desde las 17.30 hasta las 22 del domingo, la comitiva estuvo dialogando con referentes de la comunidad criolla y wichí para llegar a un acuerdo de orden y paz que permitió dar tranquilidad a las y los habitantes.