El Gobierno puso en marcha el «Silencio Positivo»: en qué consiste y cómo se aplicará
Aseguran que la reforma -impulsada por Federico Sturzenegger- busca eliminar trabas burocráticas, agilizar los tiempos de resolución y fomentar la inversión.
El Gobierno implementó este viernes el «Silencio Positivo», una reforma enmarcada en la Ley Bases, cuya finalidad consistiría en simplificar ciertos obstáculos administrativos al considerar que la falta de respuesta del Estado ante una solicitud de trámite sea tomada como afirmativa.
La reforma fue impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y es señalada por el oficialismo «como un hito histórico» ya que busca eliminar trabas burocráticas, agilizar los tiempos de resolución y fomentar la inversión al brindar certidumbre jurídica.
Según indicaron, se aplicará a más de 500 trámites administrativos a nivel nacional, abarcando desde la obtención de licencias hasta la inscripción en registros públicos.
El Silencio Positivo se aplicará en autorizaciones regladas, «donde los ciudadanos ejercen derechos preexistentes, asegurando así la fluidez de los procesos administrativos y la reducción de la ineficiencia estatal», explicaron.
Sin embargo, esta medida no es aplicable a permisos para actividades restringidas o prohibidas por ley, como la tenencia de armas o el transporte de materiales peligrosos.
La iniciativa permite superar el esquema de “Silencio Administrativo Negativo”, vigente desde 1972 y legado de normativas que, ante la falta de respuesta, obligaban a los ciudadanos a reiniciar sus trámites. Con la nueva reglamentación, cuando una solicitud de carácter reglado, como una licencia de Marca País o la inscripción en el Registro de Buques, no reciba respuesta en el tiempo establecido, se considerará aprobada. Este cambio reduce costos y tiempo para los particulares, incentivando así el desarrollo de actividades económicas.
Cuándo y dónde aplica el Silencio Positivo
El Silencio Positivo entró en vigencia este 1 de noviembre para la administración centralizada y el 1 de diciembre lo hará para la administración descentralizada. De esta manera, el Gobierno avanza hacia una gestión pública ágil, moderna y al servicio de las necesidades de la ciudadanía, eliminando las barreras administrativas y promoviendo la eficiencia en los procesos.
