COLEGIOS DE ABOGADOS Y CONSEJO PROFESIONAL: piden unánimemente la vuelta al trabajo del Poder Judicial
Colegios de Abogados y Consejo Profesional piden unánimemente la vuelta al trabajo del Poder Judicial
Los Presidentes de Colegios y Consejo Profesional de Abogados, Dres. Sergio Soucasse (Colegio de Resistencia), Ricardo Uruturi (Consejo Profesional de Resistencia), Leandro Félix Arrudi (Colegio de la Segunda Circunscripción), Carlos Pignata (Colegio de la Tercera Circunscripción), Sergio Benito (Colegio de la Cuarta Circunscripción), Miguel Feldmann (Colegio de la Quinta Circunscripción) y Carlos Trojan (Colegio de la Sexta Circunscripción), pidieron unánimemente al Superior Tribunal la vuelta al trabajo judicial el próximo 31 de mayo, y que se garantice la prestación del servicio de justicia.
En nota presentada el día de hoy, y frente a intentos de sectores para que se continúe con el asueto judicial, el pleno de las entidades abogadiles chaqueñas se manifestaron a favor de la vuelta al trabajo.
Explicaron que a pesar de la gravedad de la situación epidemiológica, esta segunda ola encuentra al Poder Judicial mejor preparado, si se lo compara con la situación que se tuvo que atravesar a partir del pasado 16 de marzo de 2020, y que motivaron medidas como suspensiones de términos y audiencias, servicios judiciales de urgencia o emergencia, y otros motes que las abogadas y abogados no quieren volver a escuchar.
Es que la alusión al pasado no resulta caprichosa, puesto que frente a medidas sanitarias que restringen la presencialidad laboral y la circulación de personas para disminuir la cadena de contagios, hoy la adminstración de justicia ya cuentacon herramientas que deben ser aplicadas para resguardar el efectivo servicio judicial.
No en vano la Provincia del Chaco cuenta ya con una ley de expediente judicial electrónico (Ley 3286-M), que vino a despapelizar el tráfico jurídico y a dotar de legalidad las audiencias realizadas en forma semipresencial y remota (Art. 15 Ley 3286-M).
Por eso es que ante el agravamiento del contexto sanitario ya de por sí adverso, pidieron al Superior Tribunal anticipe la implementación del expediente digital bajo el sistema IURE en todas las Circunscripciones y en todos los fueros.
Además, solicitaron se continúe y profundice la implementación de audiencias semipresenciales y remotas, mientras se aguardan las condiciones propicias para retornar a las audiencias presenciales, todo de conformidad al Protocolo de Trabajo y Buenas Prácticas para Audiencias en Sala Virtual (Anexo III – Res. 262/20 del Superior Tribunal).
Lo piden así, pero apelando a una extrema prudencia, ya que si bien que no toda la población ha sido vacunada, no es menos cierto que muchas ciudadanas y ciudadanos -entre ellos, magistrados, funcionarios y empleados judiciales- ya han recibido al menos la primera dosis de alguna de las vacunas disponibles destinadas a generar inmunidad adquirida contra la Covid-19.
En este sentido, resaltan lo dispuesto en el Art. 4° del Decreto N° 810/21 del Poder Ejecutivo Provincial, en relación a que dichas personas podrían ser convocadas a prestar tareas de manera presencial.
También indicaron que, a los fines de garantizar la prestación de la función judicial sin descuidar la salud de los empleados, profesionales del derecho y justiciables, hoy se impone al Superior Tribunal la necesidad que al personal judicial que ha recibido la vacuna para generar inmunidad adquirida contra la Covid-19, como también al personal judicial que ha padecido la enfermedad y posee alta médica, se los convoque al trabajo presencial, y se les practique alguno de los análisis clínicos disponibles tales como SARS-COV-2 IgG anti-espiga (“anti-spike”, análisis primario) y SARS-COV-2 anti-nucleocápside, ya que la evidencia científica demostró que presencia de anticuerpos IgG anti-espiga o anti-nucleocápside está asociada a un riesgo sustancialmente reducido de reinfección por SARS-CoV-2 en los siguientes 6 meses.
A mayor abundamiento, y a propósito de garantizar el servicio de justicia desde la perspectiva de la prudencia, precisaron que el Superior Tribunal de Justicia ya dictó normas de superintendencia tales como las Resoluciones Números 316/20, 413/20 y 958/20, entre tantas otras, que permitieron administrar justicia hasta hoy, sin que se caiga en falta de servicio.
En otras palabras, ya el Poder Judicial provincial ha dispuesto diversas modalidades de trabajo, tales como el trabajo vespertino, el teletrabajo, los turnos rotativos de trabajo presencial, los turnos alternados, etcétera, que hoy más que nunca deben continuar en plena implementación. Pues «estamos convencidos que, a más modalidades de trabajo, se reducen los riesgos de contagio», dijeron.
Por último, le pidieron al Superior Tribunal que antes de tomar una decisión sobre el asunto, pondere las implicancias negativas que tendría para la vida institucional de la provincia una nueva resolución que disponga un asueto judicial o la suspensión de términos procesales. «En este sentido, y ante restricciones a los derechos constitucionales, es el Poder Judicial quien debe tener una presencia activa en su carácter de guardián de los derechos de los ciudadanos, facilitando el acceso a la justicia, acceso que se ve entorpecido por medidas tales como las que ha decretado asueto hasta el día de la fecha», destacaron.
