NACIÓN: El Senado debate el proyecto que refinancia las deudas de las provincias con la ANSES

El dictamen establece que habrá un plazo de ocho meses para negociar los préstamos y que se cancelarán con un bono donde se definirán los vencimientos.

El Senado Nacional debatirá esta semana, en sesión ordinaria, el proyecto de Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema Integrado Previsional, que contempla la refinanciación de las deudas que las provincias tienen con la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).
El expediente fue dictaminado el viernes 16 de octubre y la intención del oficialismo era debatirlo a la semana siguiente.
Sin embargo, por el horario en que se pasó a la firma el documento, y porque la oposición de Juntos por el Cambio se negó a otorgar los dos tercios para tratarlo sobre tablas, el proyecto debió esperar doce días para llegar al recinto.
La intención es aprobarlo sin modificaciones, y así convertirlo en ley, este miércoles o jueves, dependiendo de cuándo se llevará a cabo la sesión cuya fecha será decidida en una reunión de Labor Parlamentaria que organizarán los presidentes de las principales bancadas de la Cámara alta.
Ley de Defensa de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema integrado Previsional Argentino:
El proyecto contempla la refinanciación de las deudas que las provincias tienen con la ANSES.
Uno de los principales ejes del proyecto establece que 21 de las 24 jurisdicciones (las que no firmaron el acuerdo con el gobierno de Mauricio Macri fueron Santa Fe, Córdoba y San Luis) podrán renegociar los préstamos otorgados con el respaldo del FGS con un bono a mediano y largo plazo, y mientras se desarrolle la negociación no se le descontarán fondos de la coparticipación.
Otro punto clave es que se cambia el sistema de financiamiento de la ley de Reparación Histórica para evitar que para pagar el retroactivo se utilicen los activos del FGS, y se fija que deberá ser cubierto con recursos del Tesoro Nacional.
El dictamen establece que habrá un plazo de ocho meses para negociar los préstamos entre las provincias y la Anses, que se cancelarán con un bono donde se definirán los vencimientos y en el que se tendrá en cuenta la suma del capital adeudado e intereses devengados y exigibles a la fecha de suscribirse el acuerdo de refinanciación.
Se determinó que la deuda en concepto de capital se cancele íntegramente al vencimiento mientras que los intereses se pagarán con una tasa de interés de 1 por ciento anual y se calcularán sobre el capital, que será ajustado con la tasa que rige para los plazos fijos, en lugar del CER como se había establecido en el proyecto original del Gobierno.
También introduce cambios en el mecanismo de financiamiento del pago de la Reparación Histórica a jubilados sancionado durante el gobierno de Cambiemos, para evitar la venta de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
En ese sentido, el dictamen de mayoría fija que no se podrán vender activos del FGS para financiar el pago de los retroactivos de jubilaciones prevista en la ley de Reparación Histórica aprobada en la administración de Mauricio Macri, que ahora deberán ser abonados con fondos propios de Anses y del Tesoro nacional.
Además, se establece que el FGS deberá priorizar aquellas inversiones que tengan impacto directo en la economía real, promoviendo la sostenibilidad del sistema previsional.
Respecto de los créditos otorgados a jubilados, el proyecto determina que la Anses no podrá realizar una capitalización de intereses en los préstamos vigentes cuyos cobros hayan sido suspendidos a partir del 1 de enero de 2020.
También establece que la reanudación del cobro de las cuotas se hará desde la cuota siguiente que correspondía abonar al tomador del crédito cuando quedó suspendido el pago, respetando las condiciones financieras originales en las que el crédito fue otorgado, con las modificaciones acordadas que hubieran favorecido al deudor.
Por otro lado, se crea el Fondo Fiduciario Público » Programa de Inversiones Estratégicas», que tendrá como meta invertir en sectores estratégicos del Estado para generar empleo como política de desarrollo económico en pos de la sostenibilidad de la economía real.